Ámbito RD- En estos momentos la comisión especial que tiene a su cargo la responsabilidad estudiar la iniciativa con la que se pretende dar a la República Dominicana una normativa actualizada con la que se puedan castigar una serie de delitos que no están tipificados en la ley vigente, está escuchando a los distintos sectores que han acudido a la vista pública para hacer observaciones sobre la pieza.
En la consulta participan alrededor de 100 instituciones y personalidades que han coincidido en que es necesario que el país sea dotado de un nuevo Código Penal, pero que se deben hacer modificaciones.
Los artículos más debatidos en este encuentro son los que tiene que ver con la prescripción de los delitos de corrupción administrativa, la violación sexual en todos los ámbitos incluyendo las que ocurran dentro de las relaciones de parejas, la corrección con violencia hacia los niños como las denominadas “pelas” y las tres causales que buscan despenalizar el aborto en circunstancias excepcionales y que quedaron fuera de la normativa que fue aprobada por los senadores.
Para representantes de Participación Ciudadana los delitos de corrupción que se cometan contra el Estado no pueden tener fecha de caducidad.
“Cualquier tema de desfalco o defraudación contra el Estado debe tener una sanción no sujeta a prescripción”, declaró Erick Hernández Machado, representante del movimiento no partidista.
Hernández Machado también abogó por la inclusión de las tres causales porque no sólo que busca respetar el derecho a la vida ñ, sino también la dignidad de la mujer.
De su lado, la representante de las feministas Sergia Galván, manifestó que “si los diputados de la comisión tienen oídos y ojos” van incluir las tres causales para que en el nuevo código quede despenalizado el aborto.
Asimismo, agregó los parlamentarios deberían acoger todas las recomendaciones que se han hecho el día de hoy sobre la iniciativa de ley.
Galván expresó su rechazo al artículo que establece que después de 20 años no se pueden perseguir los delitos de corrupción que se cometan contra el patrimonio del Estado.
Oyala Dotel, miembro de la secretaría nacional de desarrollo humano y políticas públicas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), planteó que este código que se debate en la sede legislativa debe ser inclusivo porque el mismo forma parte de un proceso de reforma para el fortalecimiento institucional.
“Eso significa elevar los niveles de protección de las mujeres, niños y niñas y evitar la corrupción en el futuro”, añadió Dotel.
Asimismo, subrayó que ponerle fecha de vencimiento a la persecución de delitos de corrupción lesiona la lucha contra la impunidad y la depravación.
Oyala Dotel, se mostró a favor de que las condenas por violación sexual entre las relaciones de parejas sean las mismas que las use se dan fuera de los matrimonios.
“Se debe desincentivar la violencia en el hogar y eso no se va a hacer de manera espontánea, se requieren acciones”, concluyó.