Ámbito RD- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís le impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre de nacionalidad portuguesa y a una ciudadana dominicana acusados de ser los cabecillas de una red de explotación sexual infantil.
Se trata de Fernando José de Jesús Ferreira y Eliana Núñez Almonte, quienes son procesados por la actividad delictiva cometida contra unas cuatro adolescentes, cuyos nombres se omiten para proteger su identidad, según señala el Ministerio Público mediante una nota de prensa.
De Jesús Ferreira deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras que Núñez Almonte en el Centro de Privación de Libertad (CPL) para mujeres, de Higüey, en la provincia La Altagracia.
La instancia con la solicitud de medida de coerción detalla que luego de recibir la denuncia el pasado 1 de julio, la PETT y la Fiscalía de San Pedro de Macorís iniciaron de inmediato la investigación del caso, logrando rescatar a las víctimas y apresar a los procesados en una villa propiedad de De Jesús Ferreira.
Las jóvenes eran trasladadas desde localidades del norte del país hasta una zona turística de la región este.
De acuerdo con las investigaciones, en dicho lugar las víctimas eran obligadas a recibir clientes extranjeros y servirles sexualmente y no podían salir por su voluntad por las restricciones que les imponían los imputados.
En el proceso se ha establecido que una de las víctimas le dijo al imputado De Jesús Ferreira que quería salir del lugar y que este le dijo que para ello tenía que pagar 11 mil pesos.
Durante las pesquisas también se ha determinado que dicho imputado era la persona que fungía como jefe del grupo delictivo dedicado a la explotación sexual de menores de edad.
El hoy procesado era la persona que recibía a las víctimas y les pagaba un por ciento del cobro que realizaba por los servicios sexuales que recibían los clientes que llegaban al lugar, esto teniendo como mano derecha a la nombrada Núñez Almonte, quien dirigía y administraba a las víctimas.
Los procesados cobraban entre 100 y 200 dólares por cada salida o encuentro sexual de las víctimas, y RD$10,000.00 por amanecida, pero estas no podían salir de lugar sin informarlo, debiendo pagar una multa de RD$500.00 si llegaban tarde, multa que además les cobraban por cualquier otra causa que ellos mismos disponían. En el lugar además se vendían bebidas alcohólicas.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, artículos 1, 3 y 7 letra (C) y (D), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los cuales tipifican “La Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado, así como por la pluralidad de víctima”, y el artículo 410 de la referida Ley 136-03, que sanciona la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes.