El aumento de la delincuencia pone al país frente a un dilema: ¿Mano dura o respeto a los derechos humanos?
Ámbito RD- El incremento de la delincuencia y las muertes de supuestos delincuentes en «intercambios de disparos» continúan generando divergencia de opiniones entre quienes abogan por la defensa de los derechos humanos y los que respaldan el accionar de la Policía Nacional para garantizar la seguridad y paz social.
Mientras, el presidente Luis Abinader, exhortó a las personas con órdenes de arrestos pendientes entregarse a las autoridades, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, anunció que ya tiene lista una acción urgente que será sometida ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se pronuncien sobre las «ejecuciones extrajudiciales» que se están cometiendo desde el Estado.
“Está lista la acción urgente que contra el Estado dominicano vamos a depositar este próximo jueves, tanto a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, sostuvo Mercedes.
De su lado, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Pedro Martínez, manifestó que el país debe replantear su estrategia para enfrentar la delincuencia y apostar por una Policía moderna y organismos de investigación capaces de prevenir los delitos mediante el uso de la tecnología, al cuestionar las prácticas de enfrentamiento en las calles.
Martinez subrayó que durante más de 30 años se ha recurrido a la eliminación de personas como respuesta a la delincuencia y criminalidad sin que esto haya solucionado el problema, y advirtió que actualmente las consecuencias alcanzan incluso a nuevas generaciones de familias vinculadas a hechos delictivos.
Asimismo, defendió el papel de los organismos internacionales de derechos humanos y recordó que República Dominicana es signataria de acuerdos internacionales en esa materia.
“La función de la Policía no es eliminar el derecho, es apresarlo y llevarlo a la acción de la justicia, y la de la justicia, aplicar las condenas apropiadas”, expresó el legislador.
En tanto, la vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ydenia Doñé, sostuvo que la lucha contra la delincuencia en el país debe ir más allá de la acción policial y enfocarse en la creación de oportunidades para los jóvenes.
Asimismo, manifestó su rechazo los llamados intercambios de disparos como mecanismo para enfrentar a los delincuentes y defendió que quienes cometan delitos sean perseguidos, apresados y sometidos a los tribunales.
En ese orden, recordó que el país cuenta con un nuevo Código Penal, en el que están contempladas las sanciones para distintos delitos, por lo que corresponde a las autoridades aplicar las herramientas legales y garantizar que los responsables respondan ante la justicia.
Doñé abogó para que desde el Estado se impulsen políticas públicas que faciliten el acceso de los adolescentes y jóvenes a la educación y al mercado laboral, al considerar que la falta de oportunidades puede contribuir a que algunos incurran en actividades delictivas.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, planteó la necesidad de cambiar el enfoque de la seguridad ciudadana y fortalecer las acciones contra el crimen organizado desde las cárceles.
Ulloa sostuvo que la seguridad no puede limitarse a actuar después de que ocurran asesinatos o intercambios de disparos, sino que se debe utilizar la información disponible para desarticular las estructuras criminales.
“Vamos a las cárceles, que es donde está realmente parte de la desestabilización de la seguridad de República Dominicana”, afirmó.
Sin embargo, el abogado Carlos Salcedo, valoró como integral el plan de seguridad anunciado por el Gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía y consideró que debe contar con el respaldo de la población.
Salcedo destacó que la estrategia contempla prevención, reducción de la violencia e integración comunitaria.
No obstante, advirtió que la efectividad del plan debe medirse por sus resultados en la reducción de la delincuencia, la preservación de la vida y el respeto a los derechos fundamentales.
“Seguridad ciudadana y Estado constitucional no son incompatibles”, sostuvo, al señalar que el uso de la fuerza policial debe estar acompañado de límites y proporcionalidad.
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Cirilo Moronta, defendió la gestión del director de la Policía Nacional y abogó por continuar fortaleciendo la institución.
Asimismo, llamó a los legisladores a respaldar la reforma policial que se encuentra en Congreso, al considerar que los agentes también necesitan protección debido a los riesgos que enfrentan en el cumplimiento de sus funciones.
“A la Policía no la enfrentan con un vaso de agua, a la Policía la enfrentan a tiros”, afirmó Moronta, quien sostuvo que los agentes tienen familias y merecen garantías para realizar su trabajo.