Ámbito RD- Legisladores advirtieron que la promulgación de la Ley 13-26 que elimina las candidaturas independientes dentro del sistema electoral dominicano terminará siendo objeto de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional (TC).
El diputado Eugenio Cedeño, subrayó que la normativa será “carne o pólvora para alimentar los cañones” del alto tribunal, al prever que diversos sectores recurrirán la legislación por considerar que limita derechos políticos.
Asimismo, resaltó que el país podría enfrentar las consecuencias de lo que calificó como un “desatino legislativo”, al entender que la medida podría vulnerar principios democráticos y el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular sin la intermediación de partidos políticos.
«Al presidente no lo están asesorando bien, yo esperaba que lo orientaran bien y que él no promulgara esa Ley, pero los presidentes se deben a los asesores en caso especiales como este. Las consecuencias de este desatino legislativo las veremos más temprano que tarde», puntualizó Cedeño.
De su lado, el senador Franklin Romero, aseguró que debido a que se el proceso para su eliminación fue «malo» esta normativa volverá al máximo tribunal.
Romero explicó que aunque la Constitución no establece el término de candidaturas independientes, en su artículo 21 si subraya que los dominicanos tienen derecho a elegir y ser elegidos.
En ese sentido, el legislador manifestó que lo que debió hacer el Congreso fue crear los mecanismos que permitieran la aplicación de esta figura y no eliminarla.
«Yo voté en contra de ese proyecto que elimina las candidaturas independientes porque no es malo, lo que es malo es el proceso; eso va para el Tribunal Constitucional», sostuvo.
Isaías Ramos, quien tenía aspiraciones electivas sin afiliación partidaria consideró que sepultar las candidaturas independientes constituye una violación a sus derechos, agregando que el primero de abril del 2026 deberá ser recordado como un día gris en la historia republicana.
Ramos subrayó que con la promulgación de esta Ley el presidente Luis Abinader, faltó al juramento que hizo como mandatario de la nación, de cumplir con el mandato de la Constitución.
«Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes por eso esta Ley no tendrá la última palabra; la luz prevalecerá sobre toda intención de cerrarle al pueblo un camino de participación política», manifestó.
Advirtió además, que utilizarán todas las vías para lograr el restablecimiento de las candidaturas independientes al sistema político.
Sin embargo, Mario Díaz, que anteriormente había solicitado al presidente Abinader no promulgar la Ley advirtiendo que de hacerlo sometería un recurso ante el TC, ahora ha decido a atacar la decisión del jefe de Estado.
«Respetuoso de la decisión del presidente porque me considero un hombre de Luis Abinader, decidí darle instrucciones a mis abogados de que ese tema lo dejemos ahí, nosotros lo vamos a recurrir», expresó Díaz.
Para algunos la promulgación de esta Ley, lejos de cerrar el debate abre un nuevo escenario de discusión jurídica y política, ya que organizaciones de la sociedad civil, juristas y actores políticos pueden elevar acciones ante el TC.
La normativa establece que quienes aspiren a cargos de elección popular deberán hacerlo exclusivamente a través de partidos, agrupaciones o movimientos políticos reconocidos, eliminando así la posibilidad de presentar candidaturas independientes en los procesos electorales del país.