Ámbito RD- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, instó este lunes a la Comisión Permanente de Hacienda a acelerar el estudio y emisión de informe sobre el proyecto de ley que busca establecer un tope a las exoneraciones para la importación de vehículos por parte de legisladores.
Cedeño, autor de la iniciativa, propone modificar la Ley 57-96, que actualmente permite a senadores y diputados importar vehículos exentos del pago de impuestos. Su proyecto plantea establecer un monto único de hasta 120 mil dólares, el cual podría ser utilizado de forma fraccionada por los legisladores.
La pieza fue enviada a comisión en abril, pero hasta la fecha no se ha producido informe alguno. Por ello, el legislador expresó la necesidad de “meterle un poquito de gasolina” al proceso para que avance en el Congreso.
“La idea es que se apruebe y así quitarle a los medios de comunicación ese prurito de criticar las exoneraciones de los legisladores. Porque no les duele la de la Barrick Gold, no les duele la que tiene el sector turístico, ni los 350 mil millones que contempla el presupuesto en exoneraciones. A la prensa solo le duele la de los legisladores, y yo quiero quitarla”, expresó Cedeño.
El diputado insistió en que su propuesta busca dar una respuesta concreta a una crítica social recurrente, y establecer reglas claras que hagan más transparente y equitativo el uso de los beneficios fiscales dentro del Congreso.
De ser aprobada la iniciativa de ley sometida por el diputado Eugenio Cedeño, se establecerían restricciones claras al uso de las exoneraciones vehiculares otorgadas a los congresistas, eliminando así la práctica habitual de transferir estos beneficios a terceros —una situación que ha sido objeto de fuertes críticas públicas por años.
Uno de los elementos centrales del proyecto es que el vehículo importado bajo esta exoneración deberá circular con la placa oficial del legislador (ya sea diputado o senador). Esto dificultaría que empresarios, figuras públicas o terceros utilicen estos vehículos como propios, ya que quedaría en evidencia su uso fuera del marco legal. “Ahí vamos a ver si es verdad que un pelotero o un empresario va a comprar una exoneración”, expresó Cedeño al respecto.
La propuesta también contempla que si el vehículo es adquirido dentro del país, las autoridades correspondientes —la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)— deberán cobrar todos los impuestos, tasas y gravámenes que normalmente aplicarían a la compra del vehículo, incluso si se hace bajo el amparo de esta ley modificada.
El artículo 6 del proyecto establece sanciones estrictas: cualquier violación a la ley será castigada con multas administrativas equivalentes al doble de los impuestos y cargos que habrían correspondido al vehículo en cuestión.
Esto representa un giro importante frente a la práctica tradicional, que ha permitido la importación de vehículos de lujo con exoneraciones, los cuales muchas veces terminan en manos de particulares ajenos al Congreso. En los últimos años, se han registrado casos de Ferraris, Lamborghinis, Porsches y Rolls-Royce adquiridos bajo este esquema, aunque no estén siendo utilizados por los legisladores beneficiarios.
El proyecto busca cerrar esas brechas legales y morales, respondiendo a una demanda ciudadana de mayor transparencia y equidad en el uso de privilegios fiscales por parte de los funcionarios públicos.