Ámbito RD- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Lidia Pérez, sometió un proyecto de ley con el que busca crear un programa que se llamará «Casa Vida» donde se le permita a niñas, adolescentes y mujeres embarazadas producto de una violación o incesto entregar a los recién nacidos en adopción de manera libre y voluntaria a través de un proceso que será reglamentado por el Estado.
Durante el proceso de adopción se establecerá un régimen especial que le permitirá a las madres decidir si quieren entregar a sus hijos y el mismo estará regulado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), bajo la supervisión del Ministerio Público.
Cuando la madre decida entregar al bebé en adopción, Conani se encargará de supervisar y garantizar que el proceso se realice de acuerdo a lo establecido en la Ley. Asimismo, la legislación establece que el proceso de adopción será gestionado bajo un régimen especial y
prioritario para los casos derivados del programa Casa Vida, priorizando el bienestar y los derechos del menor, así como el respeto de los derechos de la madre para decidir libremente sobre el futuro de su hijo.
La iniciativa indica también que durante el proceso se respetarán tanto los derechos de las madres como de los niños. Las madres deberían recibir asesoramiento legal y psicológico adecuado que le permita tomar una decisión sin presión ni coaccionamiento.
Las personas que quieran adoptar a los infantes serán sometidas a una evaluación exhaustiva para determinar su estabilidad emocional y social, estos con el fin de garantizar que los niños estarán en un ambiente seguro.
Una vez adoptado se le dará seguimiento y se llevará a cabo una revisión periódica del bienestar físico, emocional y social del niño/a, para asegurar que esté siendo correctamente integrado en su nuevo hogar y que se sigan respetando sus derechos.
Actualmente, la iniciativa que tiene como objetivo garantizar la seguridad, el bienestar físico, emocional y psicológico de niñas, adolescentes y mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad que hayan sido víctimas de violaciones se encuentra en la Comisión Permanente de Familia de la Cámara de Diputados.
Con el programa Casa Vida las beneficiadas podrán recibir alojamiento seguro y adecuado; atención medica integral; atención psicológica y emocional, además de capacitación profesional.
Para formar parte de este programa las beneficiarias deberán cumplir con algunos requisitos como demostrar que a través de una denuncia formal ante las autoridades que han sido víctimas de agresión sexual o incesto; ser menores de edad y realizar la solicitud de ingreso de forma voluntaria.
Las beneficiarias permanecerán en el albergue por un período de un año, que abarcará el inicio del embarazo hasta tres meses después del parto.
Las instituciones que tendrán la responsabilidad de implementar el programa Casa Vida son el Ministerio de Familia, que se encargará de la administración general, la gestión de recursos, la supervisión y coordinación con otras instituciones encargadas de la atención a las beneficiarias.
El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS), estos serán los responsables de garantizar la atención médica integral de las beneficiarias, incluyendo los cuidados prenatales, el parto y la atención postnatal.
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) será quien supervisará el proceso de adopción velando porque se cumpla de acuerdo a las normas establecidas.
Y por último está el Ministerio Público, que se encargará de investigar los casos de violaciones e incestos y del proceso judicial contra los agresores, asegurando el acceso a la justicia para las víctimas.
¿Cómo se financiará este programa?
El financiamiento del programa Casa Vida será garantizado a través del presupuesto del Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, además de fondos internacionales provenientes de cooperación bilateral y multilateral. También se fomentará la colaboración con organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil aprobados por el Ministerio de la Familia para el fortalecimiento del programa.