Ámbito RD- Las intenciones de actualizar el longevo Código Penal de la República Dominicana que data del año 1844, ha vuelto a experimentar un revés significativo en su camino hacia la aprobación en el Congreso Nacional.
A pesar de extensos debates ha sufrido la normativa de ley en la actualidad pasando de una comisión a otra tanto de senadores como de diputados, no se ha logrado alcanzar el consenso necesario para su aprobación durante esta legislatura que precisamente culmina este próximo 26 del mes en curso.
Este revés se ve agravado por la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de ordenar un estudio más profundo de la pieza legislativa, bajo los argumentos que las condiciones actuales no son propicias para la aprobación inmediata de una ley de tal envergadura.
La postura del primer mandatario de la nación viene a corroborar y desmoronar las esperanzas de que se le dé al país un nuevo marco jurídico con el se pueda sancionar una serie de delitos que no están tipificados en la ley vigente.
El proyecto del Código Penal, que ha sido objeto de múltiples revisiones y propuestas a lo largo de más de dos décadas, parece encontrarse nuevamente estancado en la sede del primer poder del Estado.
A pesar de los esfuerzos por modernizar y ajustar la legislación penal a los tiempos actuales, las diferencias políticas, religiosas e ideológicas han impedido alcanzar un acuerdo unánime.
Esto causará frustración entre diversos sectores de la sociedad civil, quienes desde hace años esperaban que el país cuente con un marco legal actualizado y acorde a las necesidades contemporáneas.
Actualmente la pieza está en manos de una comisión especial en la Cámara Baja donde a pesar de la amplias discusiones se han reflejado visiones encontradas respecto a aspectos clave del nuevo Código Penal, que van desde la definición de delitos hasta las penas correspondientes, cada punto generó intensos debates que, finalmente, no lograron traducirse en un consenso legislativo.
La falta de voluntad política ha sido señalada como uno de los principales obstáculos, dejando en claro que la agenda legislativa está lejos de alinearse con las expectativas de la población.
La decisión del presidente Abinader de solicitar un análisis más exhaustivo del proyecto ha sido recibida con opiniones divididas.
Mientras algunos apoyan la idea de garantizar que la legislación sea robusta y bien fundamentada, otros ven esta medida como un obstáculo adicional en el camino hacia la tan esperada reforma penal.
Esta postura presidencial ha generado incertidumbre sobre los tiempos y condiciones bajo las cuales podría finalmente aprobarse una nueva ley penal.
Con este nuevo contratiempo, se derrumban por completo las esperanzas de que el país pueda contar a corto plazo con un proyecto de ley penal acorde a los estándares internacionales y adaptado a las realidades sociales y jurídicas del siglo XXI.
Ahora la incertidumbre prevalece entre quienes han abogado siempre por una reforma integral del sistema judicial, viendo cómo se diluyen las posibilidades de un avance significativo en este ámbito crucial para el desarrollo y la seguridad jurídica del país.
Evidentemente serán los nuevos congresistas quienes tendrán la tarea de aprobar un Código Penal que se viene aclamado desde hace más de 20 años.
Y es que en unas 48 horas se vence esta legislatura llevándose con ella todas las posibilidades que habían de que la República Dominicana contara con una nueva normativa legal.