Ámbito RD- En la primera sesión ordinaria celebrada formalmente en la nueva legislatura, en el Senado fue reintroducido y enviado a una comisión especial el proyecto de ley que busca modernizar el Código de Trabajo de la República Dominicana.
La comisión que tendrá a cargo el análisis de la normativa de ley es la misma que tuvo esa responsabilidad en el año legislativo pasado que cerró el 26 de julio.
Estos trabajos estuvieron y volverán a estar dirigidos por el senador Rafael Barón Duluc, junto a Pedro Catrain, Antonio Taveras, María Mercedes Ortiz, Santiago Zorrilla, Antonio Marte, Omar Fernández, Edward Espirisanto y Antonio Venerado Castillo.
La decisión que fue fuera esta comitiva que se encargue de darle continuidad al estudio de esta iniciativa que perimió recientemente en la Cámara de Diputados, es porque estos senadores tienen «amplio conocimiento de la modificación» que se le hará a la Ley número 16-92.
El senador Duluc manifestó que durante el estudio de la pieza se harán algunas correcciones y debido a que es la misma comisión que la analizará el proceso será más rápido para su aprobación.
Una vez aprobada la legislación en dos lecturas en la Cámara Alta será remitida a la Cámara Baja para su conocimiento.
Sin embargo, en esa ala legislativa el pasado 27 de julio un grupo de diputados encabezado por el vocero de la bancada oficialista Amado Díaz, donde figuran como coproponentes los voceros de los principales partidos opositores Rafael Castillo, por Fuerza del Pueblo y Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Ese proyecto fue el producto de un consenso entre el sector empresarial, sindical y el Gobierno. Sin embargo, pese a todo esto la pieza generó una serie de discusiones que dejaron a la vista muchos desacuerdos entre el tripartito.
Los puntos más polémicos que encendieron el debate alrededor de la normativa están la cesantía laboral, que el sector empresarial sigue insistiendo en que debe ser modificado a pesar de que esto no formaba parte del acuerdo previo.
También está la figura del juez conciliador que fue eliminado de la propuesta por los senadores y que los empresarios buscarán que se vuelva a incluir, entre otros aspectos.