Ámbito RD- El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, calificó como “lamentable” el caso del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien fue arrestado en flagrante delito tras ser señalado de gestionar y recibir la suma de diez mil dólares de una persona que se encontraba bajo investigación del Ministerio Público.
El hecho, que ha generado gran preocupación en la opinión pública, coloca nuevamente bajo escrutinio la conducta de algunos miembros del sistema de justicia dominicano.
De acuerdo con informaciones preliminares, el fiscal habría solicitado el dinero a cambio de favorecer o influir en el curso de un proceso judicial, lo que constituye una grave violación a la ética y a las leyes que rigen la función pública.
Al ser abordado por la prensa, Peralta indicó que su conocimiento del caso proviene únicamente de lo difundido en los medios de comunicación, y expresó sorpresa al enterarse de la identidad del implicado.
“Yo sé lo mismo que usted sabe: lo que ha salido en los medios. Incluso vi una fotografía y advertí que se trataba de un fiscal joven al que no conozco. En mi época como abogado en ejercicio conocía a muchos fiscales, pero no de esa generación”, manifestó el funcionario.
Sin embargo, el ministro dijo esperar que se trate de un error, aunque subrayó la importancia de que las autoridades competentes investiguen el caso a fondo y establezcan responsabilidades si se comprueban los hechos.
El arresto de Valdez Alcántara se produce en un contexto en el que las autoridades han reiterado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción administrativa, incluyendo dentro de sus propias filas.
En ese sentido, el Ministerio Público podría enfrentar presiones para actuar con firmeza y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia frente a este tipo de conductas.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el proceso judicial que enfrentará el fiscal ni sobre posibles cómplices en el hecho. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información y formalicen las acusaciones correspondientes.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control dentro del sistema judicial, así como de garantizar la integridad de los funcionarios encargados de impartir justicia en el país.