Ámbito RD- La propuesta del senador del partido Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, de inhabilitar para siempre de ocupar cargos públicos a personas que se hayan visto involucradas en el delito de tráfico de migrantes es analizada en la comisión especial designada por el Senado para modificar la Ley 137-03 de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, que es quien lidera los trabajos de la comisión, informó que la sugerencia de Fernández ha encontrado respaldo dentro del equipo y algunos desconocen el planteamiento del senador.
“Hasta ahora algunos están de acuerdo, otros no la conocen, pero todos lo que queremos realmente es sacar el mejor informe para poder tener la mejor ley posible”, expresó Romero.
La propuesta del senador del Distrito Nacional tiene como objetivo modificar la redacción o texto del proyecto de modernización de la Ley 137-03 enviada al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo.
Omar Fernández, propone que le sean incluidos párrafos a varios artículos de la normativa legislativa.
Los artículos a reformular son el 3, el 2 y el 10, siendo este último el más controversial, ya que establece la imprescriptibilidad del delito por tráfico de migrantes.
Fernández busca que quede establecido en esta nueva ley que serán imprescriptible los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas y que sean considerados de gravedad excepcional y, en caso de condena, podrán conllevar la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública y otras penas accesorias.
También propone que a este mismo artículo se le agregue un párrafo que se le lea de la siguiente manera: “Al funcionario o los funcionarios identificados en la letra c) del presente artículo, que fuesen hallados culpables o cómplices del delito de tráfico ilícito de migrantes se les impondrá, como pena complementaria, la inhabilitación para ejercer cualquier tipo de función pública por espacio de diez (10) años y, en caso de reincidencia, dicha inhabilitación será permanente. En cualquier caso, el cumplimiento de la inhabilitación iniciará a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta”.
El artículo 3habla de los delitos de Lesa Patria para cual siguiere que se agregue una definición que diga: “Se consideran delitos de lesa patria aquellas conductas dolosas cometidas por personas físicas que, mediante acción u omisión, atenten gravemente contra la soberanía nacional, la integridad territorial del Estado, el orden constitucional democrático, la seguridad nacional o los intereses esenciales de la Nación Dominicana”.
El senador también busca incluir un artículo que agregue un párrafo dentro del 2 para que establezca que “los delitos tipificados en este artículo se consideran delitos de lesa patria por afectar las funciones estructurales del Estado y comprometer su estabilidad económica, social e institucional”.
Todos estos puntos fueron explicados a detalles a los miembros de la comisión especial por el equipo técnico del senador Fernández y el abogado constitucionalista Manuel Fermín Cabral, pero no fueron fueron debatidos.
La decisión de si se acogen o no estas sugerencias los senadores la tomarán el martes, día pautado para volverse a reunir a las 10:00 de la mañana.
Romero declaró que a la pieza enviada por el ejecutivo se le agregaron algunas agravantes para enriquecerla que consisten en el aumento de las penas.
En lo adelante las sanciones para los delitos de tráfico ilícito de migrantes irán de 15 a 20 años de prisión y los de trata de personas de 20 a 25.
Esta iniciativa de ley ya fue aprobada el viernes 2 de este mes de mayo en primera lectura por los senadores y el martes pasado fue remitida a comisión con plazo fijo de una semana.
Los senadores se abocarán a conocer en segunda discusión este proyecto que forma parte del conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para combatir este delito, en momento en el que el país atraviesa por su más grande crisis migratoria.
Esta es la segunda vez que el ejecutivo envía al Congreso un proyecto para modificar la normativa 137-03, ya que en el 2024 se modificaron los artículos 3 y 7 y ahora se busca modernizar los números 2, 5,6 y 7.
Una vez esta pieza legislativa se apruebe en la Cámara Alta será enviada a la Cámara de Diputados donde también deberá ser conocida en dos lecturas.