Ámbito RD- En los últimos años, y particularmente entre 2023 y 2026, diversas decisiones y actuaciones de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), han generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos, sociales y mediáticos, en medio de debates sobre la transparencia, la eficiencia institucional y el manejo de los recursos públicos.
Uno de los episodios más recientes ocurrió este 2026, cuando el pleno del órgano aprobó una resolución mediante la cual se aumentaban hasta en un 50 % (que luego aclararon era un 25%) los beneficios y compensaciones económicas de sus propios miembros.
La medida provocó críticas inmediatas debido a que el incremento fue aprobado por los mismos funcionarios que se beneficiarían de él, lo que generó cuestionamientos éticos y legales.
Legisladores señalaron que la disposición contradice lo establecido en la Constitución, que limita el aumento de salarios en órganos extrapoderes.
Y es que la Carta Magna en su artículo 140 subraya que: «ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Ante la presión pública y política, el pleno decidió revocar la resolución pocos días después de haberla aprobado, aunque el hecho reavivó el debate sobre la transparencia en la gestión del órgano que tiene la responsabilidad de velar por el buen manejo de las finanzas estatales.
Otro escándalo que sacudió a la entidad fiscalizadora ocurrió en el período 2021-2025 bajo la gestión de Janel Ramírez, Elsa María Catano, Tomasina Tolentino , Mario Arturo Fernández y Elsa María Peña.
Durante ese ciclo se denunciaron una serie de «faltas graves» que dio cabida a una investigación realizada por una comisión especial de la Cámara de Diputados que concluyó afirmando que los integrantes del pleno si cometieron infracciones graves en el ejercicio de sus funciones.
Entre los hallazgos señalados se mencionaron conflictos internos entre los miembros del organismo, retrasos en la ejecución de auditorías programadas y decisiones administrativas consideradas irregulares o ineficientes.
Como resultado de esa investigación, la comisión recomendó someter a los miembros del pleno a un proceso de juicio político ante el Senado (que nunca se efectuó), lo que intensificó el debate sobre la necesidad de reformar y fortalecer el órgano encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos.
Pero no fue la única polémica que se dió durante esa gestión, ya que Janel Ramírez, que era el presidente del órgano fue acusado por varias empleadas aunque no se comprobó acoso sexual contra ellas. Esa investigación fue archivada por el Ministerio Público.
El pleno de la Cámara de Cuentas correspondiente al período 2017- 2021, presidido por Hugo Francisco Álvarez Pérez y conformado por Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán, Félix Antonio Álvarez Rivera y Pedro Antonio Ortiz Hernández, concluyó su gestión en medio de fuertes cuestionamientos por su desempeño institucional.
Durante su administración, varios de sus miembros fueron objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público ante presuntas irregularidades, incluyendo retrasos en la entrega de auditorías y posible obstrucción a procesos judiciales. A esto se sumaron críticas por la baja producción de informes de fiscalización y conflictos internos que afectaron el funcionamiento del órgano.
Aunque no fueron destituidos, el pleno finalizó su período en 2021 con una imagen debilitada, dando paso a la designación de nuevas autoridades.
El pleno de la CCRD correspondiente al período 2006–2010 fue sometido a un proceso de juicio político por el Congreso Nacional, tras ser acusado de incurrir en graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El órgano estaba encabezado por Andrés Terrero, junto a Haivanjoe NG Cortiñas, Arturo Martínez Moya, Luis Hernández Morel y Miguel Ángel Fernández.
En 2008, la Cámara de Diputados aprobó someterlos a juicio político, proceso en el que el Senado fungió como tribunal. Entre las principales acusaciones figuraban el manejo irregular de auditorías, falta de transparencia en la presentación de informes, conflictos internos que afectaban el funcionamiento institucional y presuntas violaciones a la Constitución y leyes administrativas.
Como resultado, la Cámara Alta declaró culpables a los miembros del pleno y procedió a su destitución, marcando un precedente en el uso del juicio político como mecanismo de control sobre órganos extrapoderes en la República Dominicana.
La crisis interna ha marcado la dinámica del pleno en los últimos años, caracterizada por enfrentamientos públicos, denuncias internas y acusaciones de maltrato entre algunos de sus miembros, situaciones que han contribuido al deterioro de la imagen del órgano fiscalizador ante la ciudadanía.
La nueva polémica surgió por la aprobación de una resolución interna que planteaba un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones, lo que podría llevar el salario de la presidencia a más de RD$630,000 mensuales y el de los demás miembros a entre RD$560,000 y RD$570,000, dependiendo de su aplicación.
Los salarios actuales de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, según reportes de nómina son los siguientes: presidenta: RD$423,500 mensuales; vicepresidente: RD$379,097.84; miembros titulares: RD$379,097.84 mensuales cada uno.