-La normativa establece destitución e inhabilitación para ejercer funciones públicas por cinco años
Ámbito RD- El Poder Ejecutivo sometió este martes al Congreso Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), una iniciativa que procura transformar y fortalecer el sistema de prevención y combate de la corrupción en la administración pública dominicana.
La propuesta convierte la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) en la nueva DIGITEG, otorgándole autonomía administrativa, financiera y funcional, con mayores competencias para supervisar, investigar y sancionar incumplimientos relacionados con la transparencia, la ética pública y la integridad gubernamental.
Uno de los principales avances contemplados en la iniciativa es la creación del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, una estructura que integrará políticas, normas y mecanismos dirigidos a prevenir y combatir la corrupción, garantizar el acceso a la información pública, proteger los datos personales, gestionar conflictos de intereses y brindar protección a denunciantes, testigos y víctimas.
El proyecto le otorga faculta a la DIGITEG para recibir denuncias ciudadanas, iniciar investigaciones de oficio sobre posibles actos de corrupción y remitir al Ministerio Público aquellos casos en los que identifique indicios de responsabilidad penal.
Asimismo, establece por primera vez un régimen sancionador detallado que clasifica las faltas en leves, graves y muy graves. Las sanciones incluyen suspensiones, multas de hasta 30 salarios mínimos del sector público, destitución e inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de hasta cinco años.
La iniciativa depositada en el Senado por la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, dispone que todos los funcionarios y servidores públicos deberán presentar una declaración de conflictos de intereses dentro de los 30 días posteriores a su toma de posesión, como mecanismo para fortalecer la transparencia y prevenir posibles irregularidades.
Otro aspecto de esta legislación es la incorporación de un sistema de protección para denunciantes e informantes de actos de corrupción, estableciendo medidas especiales para resguardar la identidad y seguridad de quienes colaboren con investigaciones, así como sanciones para quienes vulneren dichas garantías.
El proyecto también convierte a la DIGITEG en la autoridad rectora encargada de supervisar el tratamiento de los datos personales dentro del sector público, llenando un vacío institucional que existe actualmente en el país.
Además, la entidad administrará herramientas clave para la transparencia gubernamental, entre ellas el Portal Único de Transparencia, el Sistema de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), el Portal Nacional de Datos Abiertos y el Portal Nacional de Gobierno Abierto.
La pieza legislativa también ordena la creación de Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo en todas las instituciones públicas, con la finalidad de fortalecer los controles internos y fomentar una cultura de ética y rendición de cuentas.
De este proyecto ser aprobado, la nueva DIGITEG se convertiría en uno de los organismos con mayores atribuciones en materia de integridad pública, al concentrar bajo una misma institución las funciones de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, prevención de conflictos de intereses, protección de denunciantes y coordinación de las políticas nacionales anticorrupción.