Ambito RD- La modificación a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos volvió a colocar el tema en el centro del debate legislativo, tras la aprobación de una nueva reforma en el Senado que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su estudio.
La iniciativa aprobada mediante el trámite de urgencia en dos lecturas consecutivas ha provocado cuestionamientos por parte de sectores empresariales y diversos actores que consideran que una legislación de alto impacto económico y ambiental requiere un proceso de discusión más amplio.
Entre los principales cambios que introduce la propuesta está la modificación del esquema de contribuciones económicas que deben realizar las personas jurídicas para financiar el sistema nacional de gestión de residuos sólidos, estableciendo nuevos montos en función de los ingresos reportados por las empresas.
El proyecto aprobado por los senadores y que ahora pasa a la Cámara Baja incrementa de RD$675,000 a RD$3 millones el aporte anual que deberán realizar las empresas de mayores ingresos para financiar el sistema nacional de manejo de desechos, eliminando el tope único que hasta ahora aplicaba a todas las empresas con ingresos superiores a RD$100 millones.
Con la reforma, las empresas con ingresos anuales superiores a RD$2,000 millones pasarán de aportar RD$675,000 a RD$3 millones, mientras que las que facturen entre RD$1,000 millones y RD$2,000 millones deberán pagar RD$1.7 millones.
Asimismo, las empresas con ingresos entre RD$700 millones y RD$1,000 millones aportarán RD$700,000; las que generen entre RD$500 millones y RD$700 millones mantendrán el pago de RD$675,000; las que facturen entre RD$300 millones y RD$500 millones contribuirán con RD$500,000 y las que registren ingresos entre RD$100 millones y RD$300 millones deberán pagar RD$400,000.
La modificación también reduce los aportes para algunos segmentos de empresas medianas y pequeñas. En ese sentido, las compañías con ingresos entre RD$50 millones y RD$100 millones pasarán de pagar RD$260,000 a montos de entre RD$120,000 y RD$150,000, dependiendo de su nivel de facturación, mientras que las que perciban entre RD$25 millones y RD$50 millones aportarán RD$90,000 en lugar de RD$155,000.
Para las empresas con ingresos de hasta RD$5 millones, la contribución será de RD$3,500.
Además de modificar los montos, la iniciativa amplía de seis a doce los niveles de contribución, con el objetivo de que los aportes sean proporcionales a los ingresos declarados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). También excluye del pago a las organizaciones sin fines de lucro.
Los recursos recaudados alimentarán el fideicomiso creado por la Ley 225-20 para financiar proyectos de gestión integral de residuos sólidos, como estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización y otras infraestructuras para el manejo de desechos.
La pieza también extiende de 60 días a seis meses el plazo para la entrada en vigor de la prohibición de importar pajillas, cubiertos plásticos y productos de foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad, con el propósito de facilitar la adaptación del sector comercial.
La aprobación de la pieza ha reavivado el debate entre quienes consideran necesario actualizar la legislación para fortalecer la gestión de los residuos y quienes advierten que los cambios debieron ser fruto de un mayor consenso entre el Estado, el sector privado y los actores vinculados al manejo ambiental.
Para el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Mayobanex Martínez, el aumento de estos montos son «irracionales y descomunales» coincidiendo por la postura de los empresarios.
«El empresariado en ese aspecto tiene razón y en la Cámara de Diputados debemos sentarnos para buscarle montos más razonables», subrayó el legislador.
Martínez consideró que las empresas que más desechos producen son las que deberían pagar mayores montos.
En tanto, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Rogelio Alfonso Genao Lanza, manifestó que los empresarios siempre estarán en contra de todo lo que les obligue a pagar.
Genao Lanza también indicó que las empresas que producen mayores niveles de contaminación ambiental son las que más deben pagar y agregó que una vez inicien las discusiones sobre la normativa en el ala congresual se deben corregir algunas «distorsiones que tienen quienes no contaminan y están pagando una cuota que excede lo razonal».
Ahora corresponderá a la Cámara de Diputados conocer la iniciativa, donde se espera que el proyecto genere nuevas discusiones tanto sobre el contenido de la reforma como sobre el procedimiento legislativo utilizado para su aprobación.