Ámbito RD- Las modificaciones que estudiará la comisión bicameral al nuevo Código Penal podrían ser conocidas y aprobadas antes del cierre de la presente legislatura, debido a que los cambios propuestos no implican reformas profundas al contenido de la normativa.
Así lo aseguró el diputado Wandy Batista, que es quien dirigirá los trabajos que se iniciarán la próxima semana, una vez concluya el plazo otorgado para recibir propuestas de modificación, que vence el próximo miércoles.
Batista explicó que las observaciones presentadas son puntuales y no requieren amplios debates, ya que no afectan el fondo del Código Penal, sino que responden principalmente a ajustes en la redacción de algunos artículos.
«Probablemente haya algún error o preferencia de la forma en que se redacta un artículo, pero de fondo no hay nada malo en las cosas que se van a evaluar y por eso yo entiendo que hay tiempo para que antes de que termine la legislatura se modifique», expresó.
Sin embargo, indicó que, en caso de que la comisión no concluya el proceso antes del cierre de la actual legislatura, los trabajos podrán continuar en la siguiente, a partir del 16 de agosto, debido a que las modificaciones pendientes no representan cambios sustanciales al contenido de la legislación.
Esta comisión bicameral está integrada por los diputados Wandy Batista, como presidente junto a Mayobanex Martínez, Carmen Lidia Williams; Jorge Tavárez; Carolin Mercedes; Carlos de Pérez; Eugenio Cedeño; Sandro Sánchez; José Alberto Jiménez; Luis Báez; Luis Gómez; Miguel Arredondo; Rosendy Polanco; Sadoky Duarte y Rubén Peñaló.
Por parte del Senado participarán en estos trabajos de análisis Mercedes Ortiz, que fungirá como vicepresidenta y Pedro Catrain, Santiago Zorilla, Omar Fernández, Cristóbal Venerado Castillo, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Franklin Romero, Aracelis Villanueva, Rafael Barón Duluc, Pedro Tineo, Aneudys Ortiz y Lía Díaz.
Previo a su entrada en vigencia, el nuevo Código Penal ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad, incluyendo gremios profesionales, juristas y organizaciones civiles, que sostienen que algunas de sus disposiciones podrían entrar en conflicto con principios establecidos en la Constitución de la República.
Entre las principales observaciones figuran aspectos relacionados con la libertad de expresión, la responsabilidad penal en el ejercicio de la medicina, la acumulación de penas y otras disposiciones que, según sus críticos ameritan una revisión para garantizar su compatibilidad con el texto constitucional.