Ámbito RD- El presidente del Senado Ricardo de los Santos, informó este lunes que presentará una propuesta para incorporar un nuevo párrafo al artículo 173 del proyecto de modificación del nuevo Código Penal, aunque adelantó que el contenido específico de esa iniciativa será dado a conocer más adelante.
De los Santos señaló que las modificaciones que han sido acogidas responden a planteamientos debidamente fundamentados, mientras que aquellas que no fueron aceptadas serán respondidas mediante comunicaciones explicando las razones de su rechazo, como parte del compromiso del Congreso con la transparencia y la participación ciudadana.
Asimismo, indicó que la Cámara de Diputados aún introducirá algunos cambios al proyecto para que, una vez llegue a la Cámara Alta pueda ser conocido sin necesidad de nuevas modificaciones y agilizar así su aprobación definitiva.
«Las inquietudes que estamos encontrando las estamos en conjunto para que ya la pieza estudiada en la cámara de Diputados, cuando llegue al Senado de la República, pues no haya cambio que hacerle, sino que nos avoquemos a darle el tratamiento apropiado para su aprobación y ahí enviarlo al Poder Ejecutivo», expresó.
El legislador expresó su confianza en que el proyecto será aprobado antes de finalizar la presente legislatura, lo que permitiría que el nuevo Código Penal entre en vigencia en la fecha prevista, el próximo 3 de agosto.
El incumbente del Senado reiteró que ambas cámaras trabajan de manera coordinada para dotar al país de un nuevo Código Penal, afirmando que existe la voluntad de sesionar el tiempo que sea necesario para lograr la aprobación de la esperada normativa.
El artículo 173 de la normativa jurídica tipifica como delito la discriminación por motivos de sexo, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, así como por condición social o personal.
La disposición penaliza acciones como negar un bien o servicio, impedir el desarrollo de una actividad económica, despedir a una persona, limitar ofertas de empleo o negar el acceso a centros educativos y establecimientos comerciales por razones discriminatorias.
Asimismo, establece que quienes incurran en estas conductas podrán ser sancionados con penas de dos a tres años de prisión menor y multas de entre nueve y quince salarios mínimos del sector público.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado sábado, en primera discusión, el proyecto que modifica la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, acogiendo cambios propuestos por la comisión bicameral que estudió la normativa y por diversos sectores consultados durante el proceso.
La iniciativa será conocida este lunes en segunda discusión por la Cámara Baja. De ser aprobada, será remitida al Senado para su conocimiento, con el propósito de que la pieza pueda ser sancionada antes del cierre de la presente legislatura y entre en vigor el próximo 3 de agosto, conforme al plazo establecido en la ley.