Ámbito RD- El presidente del Senado Ricardo de los Santos, defendió este miércoles el proceso de aprobación del nuevo Código Penal y rechazó las críticas de algunos sectores que aseguran que la pieza fue aprobada de manera apresurada, al afirmar que la iniciativa permaneció en el Congreso Nacional durante tres décadas siendo objeto de amplios debates y análisis.
De los Santos sostuvo que resulta injusto afirmar que el proyecto fue «sancochado», tras recordar que el Código Penal vigente tiene su origen en 1811 y que, aunque fue adoptado por la República Dominicana en 1844, ya acumulaba 215 años de existencia, por lo que consideró imprescindible actualizarlo para responder a las realidades del siglo XXI.
Asimismo, señaló que algunos de los legisladores que participaron en la discusión del proyecto «aún no habían nacido» cuando la iniciativa fue introducida al Congreso lo que demuestra el extenso tiempo que tomó su estudio.
«¿Qué íbamos a esperar del nuevo Código Penal, que cumpliera 215 años más? Preguntó el legislador al tiempo que reconoció el valor histórico del marco jurídico inspirado en la legislación napoleónica.
Sin embargo, destacó que el país necesita una normativa moderna que permita enfrentar los nuevos tipos de delitos surgidos con los avances tecnológicos y los cambios sociales.
El incumbente de la Cámara Alta atribuyó la entrada en vigor del nuevo Código Penal a la determinación del presidente Luis Abinader, indicando que el mandatario impulsó la promulgación de la reforma para que la República Dominicana cuente con una legislación penal actualizada a partir del próximo 5 de agosto.
También defendió la metodología seguida por el Congreso, explicando que primero se aprobó la modificación del Código Penal y posteriormente se trabaja en la reforma del Código Procesal Penal, al considerar que ese es el orden correcto para dotar al sistema de justicia de herramientas eficaces para perseguir y sancionar los delitos.
De los Santos afirmó que la actualización de ambas normativas responde a la necesidad de adecuar el marco jurídico dominicano a los desafíos actuales y fortalecer la respuesta del sistema judicial frente a nuevas modalidades delictivas.