Ámbito RD- Aunque la Ley Orgánica 84-25 de Fiscalización y Control del Congreso Nacional fue presentada este pasado miércoles como uno de los principales logros legislativos durante la rendición de cuentas conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, la normativa continúa sin ser aplicada, a más de cuatro meses de su entrada en vigencia.
Desde que comenzó a regir la ley, ninguno de los dos hemiciclos ha convocado a un funcionario público para comparecer ante el pleno y rendir cuentas sobre su gestión, pese a que ese es uno de los principales mecanismos de control político contemplados en la legislación.
Durante la legislatura ordinaria que concluyó el pasado 26 del mes en curso, las cámaras legislativas celebraron decenas de sesiones, pero en ninguna ocasión se constituyó en comisión general para interpelar o escuchar a algún servidor público, una de las facultades que fortalece la nueva legislación.
La Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional es una de las leyes complementarias de la Constitución y su aprobación tomó cerca de 15 años de discusión en el Poder Legislativo. Su objetivo es fortalecer la función de fiscalización del Congreso mediante procedimientos claros para supervisar y evaluar la gestión de las instituciones públicas.
Tras su aprobación, legisladores y especialistas resaltaron que la norma marcaría un antes y un después en el ejercicio del control congresual. Incluso, ambas cámaras realizaron jornadas de capacitación para explicar su alcance e importancia. Sin embargo, hasta la fecha, sus disposiciones aún no se han materializado en acciones concretas.
En la pasada legislatura, algunos legisladores de los partidos de oposición sometieron resoluciones para solicitar la comparecencia de funcionarios, pero ninguna prosperaron y algunas incluso fueron retiradas, por lo que la ley continúa sin estrenarse en la práctica.
La falta de aplicación de la legislación contrasta con el reconocimiento que recibió durante la rendición de cuentas del Congreso, donde fue exhibida como uno de los avances institucionales más relevantes alcanzados por el Poder Legislativo en el último año.
La Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional (Ley 84-25) fue aprobada el 5 de agosto de 2025 y promulgada por el presidente Luis Abinader, el 7 de ese mismo mes.
La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial el 15 de agosto de 2025 y estableció un período de seis meses para su entrada en vigencia, por lo que comenzó a aplicarse el 15 de febrero de este 2026.
El objetivo de esta legislación es fortalecer la función de fiscalización del Congreso Nacional sobre los demás poderes e instituciones del Estado, estableciendo mecanismos para la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, así como procedimientos para las interpelaciones, invitaciones a comparecer y el seguimiento a la ejecución de las políticas públicas.
Congresos de varios países citan regularmente a funcionarios para rendir cuentas
La comparecencia de funcionarios ante los congresos es una práctica habitual en diversos países como Estados Unidos, Colombia, Chile, España, México y Perú, donde los ministros y titulares de instituciones públicas acuden a responder preguntas, explicar decisiones y rendir cuentas sobre su gestión.
Estos mecanismos forman parte de las facultades de control político y fiscalización que ejercen los poderes legislativos para supervisar la administración pública, evaluar el uso de los recursos del Estado y garantizar la transparencia en la gestión gubernamental.