Ámbito RD- Desde este lunes la República Dominicana inicia una nueva etapa en su sistema de justicia con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una legislación que incorpora más de 70 nuevos tipos penales y endurece las sanciones para diversos delitos.
Sin embargo, su aplicación comienza en medio de cuestionamientos, ya que el Tribunal Constitucional (TC), mantiene pendientes de decisión 15 acciones directas de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley.
Aunque la nueva normativa ya rige en todo el territorio nacional, el artículo 310 continúa siendo el más impugnado ante el máximo tribunal del país.
Al menos siete de las acciones de inconstitucionalidad cuestionan esta disposición, que tipifica el delito de ultraje en el ámbito jurisdiccional y contra servidores públicos, sancionando expresiones, escritos, mensajes o gestos considerados ofensivos contra jueces, fiscales y otros funcionarios.
Entre quienes han recurrido este artículo figuran el Colegio de Abogados (CARD), la Fundación para la Promoción de Estudios Legales (Funprel), asociaciones jurídicas y ciudadanos particulares.
Además del artículo 310, también han sido impugnadas disposiciones relacionadas con discriminación, libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
De las 15 acciones depositadas, ocho ya fueron conocidas en audiencia y permanecen en estado de fallo, mientras las siete restantes aún esperan ser conocidas por la Alta Corte que hasta el momento no ha emitido una decisión definitiva sobre ninguno de los recursos.
Pese a las impugnaciones pendientes, desde hoy el sistema de justicia dominicano comienza a regirse por el nuevo Código Penal, marcando el inicio de una reforma que sustituye una legislación con más de un siglo de vigencia y redefine el tratamiento de decenas de conductas delictivas en el país.
La normativa que desde hoy comienza a implementarse en el país tipifica delitos como el sicariato, el feminicidio, el genocidio, el terrorismo, el daño con sustancias químicas (ácido del diablo) y la corrupción administrativa, entre otros.
Asimismo, establece penas acumulativas de hasta 60 años para determinados delitos graves y modifica el régimen sancionador en múltiples áreas.
Sin embargo, la aprobación del Código generó un amplio debate jurídico y social. Diversas organizaciones, gremios y ciudadanos interpusieron acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al considerar que algunos artículos vulneran derechos fundamentales, especialmente los relacionados con la libertad de expresión, la discriminación y el denominado delito de ultraje contra funcionarios públicos.
Pese a estos cuestionamientos, la legislación entra en vigor este lunes mientras el más alto tribunal continúa conociendo los recursos presentados, cuyas decisiones podrían incidir sobre artículos específicos sin detener la aplicación del resto del nuevo marco penal.