Ámbito RD- Venezuela redujo la jornada laboral en el sector público para apaciguar la crisis eléctrica, anunció el miércoles la presidenta Delcy Rodríguez durante la firma de un acuerdo con la empresa privada argentina IMPSA para terminar una central hidroeléctrica.
Venezuela registra los picos de consumo más altos en casi una década, lo que obliga a racionamientos que han generado protestas en las últimas semanas en varios estados.
Rodríguez dijo que el martes la demanda se disparó a 15,726 megavatios frente a una disponibilidad de unos 12,000 MW, hasta ahora la más alta de 2026.
«Tenemos las demandas más altas, las temperaturas más altas, el calor más intenso, justamente derivado de la emergencia climática», afirmó Rodríguez al suscribir un acuerdo para terminar la central hidroeléctrica de Tocoma, en el estado Bolívar (sur).
La presidenta interina explicó que «la administración pública está trabajando un día de por medio, un día se trabaja y un día no se trabaja».
Pero ahora la jornada laboral se redujo a la mitad y va desde las 08H00 hasta las 12H30 del mediodía, excepto servicios esenciales como salud.
Situación eléctrica actual
«El plan de ahorro es justamente para poder apaciguar la demanda mientras nosotros avanzamos en recuperar más megavatios al sistema, de un sistema que ha estado muy demandado, no solamente por la situación climática, sino también por el crecimiento económico», afirmó.
Además del acuerdo con IMPSA, la mandataria interina que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, suscribió convenios con General Electric para incrementar la generación eléctrica.
Los apagones se han prolongado en las regiones del interior de Venezuela desde hace años algo que expertos atribuyen a malos manejos en el sector eléctrico y falta de mantenimiento de la red.
Hasta ahora los cortes eléctricos exceptuaban a Caracas, pero en las últimas semanas se han registrado algunos en la capital.
Primeros acuerdos del diálogo en Venezuela apuntan a la Justicia y al oro en Inglaterra
El chavismo y la oposición cerraron este miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos concentrados en la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de los «activos de reserva internacional» de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra.
Tras una primera fase que se extendió cinco días, ambas partes leyeron un comunicado conjunto en el hotel Gran Meliá Caracas, en el que se destacó la conformación de dos mesas técnicas para la atención de la emergencia por el doble terremoto que golpeó el pasado 24 de junio a este país y el fortalecimiento de la democracia, poder judicial y electoral.
Igualmente, se informó que se desarrollaron cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas y cinco plenarias entre ambas delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera.
El cronograma de ejecución de los acuerdos, según el comunicado conjunto, comenzará este mismo mes bajo un «mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso».
Renovación del Tribunal Supremo
Este proceso comenzó formalmente el pasado 6 de agosto con el apoyo de Estados Unidos.
Las delegaciones acordaron renovar a todos los jueces del TSJ, señalado de servir al Gobierno, con un nuevo proceso de postulación.
Este anuncio significa el reinicio del plan que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) había emprendido en mayo pasado para cambiar a una parte de los magistrados tras una reforma de la Ley Orgánica del TSJ con la que se aumentó de 20 a 32 el número de integrantes del máximo tribunal.
También habrá una nueva reforma de la ley, según el comunicado.
Recuperación de activos
Igualmente, se va a renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, así como a «conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación».
Tras la captura de Nicolás Maduro, en enero pasado, por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó un proceso de cambios en las instituciones, entre ellos el del TSJ.
El otro acuerdo de las delegaciones es el de recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.
Asimismo, acordaron establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos recursos, «para garantizar el bienestar de todos los afectados».
Venezuela sufrió dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.
Reacciones y exigencias
En julio pasado, la mandataria encargada envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro «retenido» en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos en el proceso de recuperación.
En 2023, el Gobierno chavista aseguró que Venezuela tiene 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, equivalentes a unos 1.950 millones de dólares, debido a cuestionamientos de la Justicia británica sobre la legitimidad del depuesto presidente Maduro, enfrentado en la actualidad a un proceso judicial en Estados Unidos.
Pese al reciente alivio de sanciones por parte de la Casa Blanca, persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA en EE.UU.
Exigencias ciudadanas
En esta jornada, decenas de sindicalistas protestaron a las afueras del hotel Gran Meliá Caracas para exigir que se les permitiera entregar un documento a la delegación opositora y que se garanticen elecciones presidenciales este año.
Los manifestantes señalaron que Figuera es una persona «impuesta» por Estados Unidos para las negociaciones y que la opositora no ha escuchado a los venezolanos.
En el diálogo no participan los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.
También un grupo de 84 expresos políticos pidió a la mesa de diálogo que garantice la conformación de un nuevo TSJ y de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que sea independiente.
En un comunicado publicado en respaldo a la negociación impulsada por Estados Unidos, los firmantes indicaron que para reconstruir Venezuela es necesario empezar por la conformación de un «nuevo TSJ y un nuevo CNE, elegidos con criterios de independencia y mérito, capaces de convocar elecciones libres y de garantizar que sea el pueblo, en democracia, quien decida el futuro del país».
Este acercamiento representa el noveno intento de diálogo entre la oposición y el chavismo, que completa 27 años en el poder.
Fuente: AFP/EFE