Propuesta para eliminar exoneraciones vehiculares a legisladores desata intenso debate en el Congreso

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Propuesta para eliminar exoneraciones vehiculares a legisladores desata intenso debate en el Congreso
Propuesta para eliminar exoneraciones vehiculares a legisladores desata intenso debate en el Congreso

Ámbito RD- La propuesta que busca eliminar las exoneraciones de impuestos para la adquisición de vehículos por parte de senadores y diputados ha encendido un amplio debate en el Congreso Nacional, dividiendo opiniones entre quienes defienden el beneficio y quienes abogan por su eliminación en favor de una mayor transparencia.

El proyecto, sometido por el diputado del partido Alianza País, Pedro Martínez, plantea sustituir este privilegio por la asignación de un vehículo estatal exclusivamente para el ejercicio de funciones legislativas durante el período de cuatro años que dura el mandato.

La iniciativa busca evitar el uso indebido de estas exoneraciones, que han sido objeto de críticas en distintos sectores de la sociedad.

Martínez defendió su propuesta argumentando que, en la práctica muchos legisladores no utilizan directamente este beneficio, sino que lo transfieren a terceros, quienes adquieren vehículos de alta gama sin pagar impuestos lo que a su juicio, desvirtúa el propósito original del incentivo y representa una pérdida para el Estado.

La iniciativa ha generado reacciones encontradas dentro de la sede congresual donde algunos expresaron su rechazo a la propuesta, alegando que los vehículos adquiridos mediante este mecanismo son herramientas necesarias para desempeñar su labor, especialmente en las provincias que representan, donde deben movilizarse constantemente para atender a sus comunidades.

La senadora Aracely Villanueva, expresó su desacuerdo con la legislación destacando que lo que se debe hacer es darle un buen uso a ese privilegio más no eliminarlo.

«Nosotros como legisladores hacemos una labor donde en muchos casos si la hacemos como debe ser nos trasladamos a comunidades lejanas y necesitamos vehículos que sean resistentes y acorde a nuestras funciones. Si son bien utilizadas las exoneraciones podemos contar con eso», declaró.

En esa misma línea se pronunció el senador Daniel Rivera, quien defendió la permanencia de este beneficio y resaltó que tanto él como sus compañeros le han dado un uso correcto.

En tanto, que Edward Espíritusanto, le exhortó a aquellos legisladores que consideran que no necesitan una exoneración para adquirir un vehículo que renuncien a la misma.

Espíritusanto defendió la suya asegurando que «nosotros vivimos trabajando, movilizandonos en el país completo haciendo el trabajo para el cual el pueblo nos eligió».

Mientras, el senador Pedro Catrain, aunque rechazó la eliminación total de las exoneraciones abogó por su regulación señalando que una sola es suficiente.

Sin embargo, otros legisladores respaldan la propuesta, considerando que eliminar este privilegio contribuiría a fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos y a mejorar la percepción ciudadana sobre el uso de los beneficios otorgados a los funcionarios electos.

El senador Antonio Marte, declaró que desde hace mucho tiempo se debió eliminar la importación de vehículos liberados del pago de impuesto correspondiente, añadiendo que del proyecto llegar al Senado contará con todo su apoyo.

Lo mismo expresaron los diputados Carlos Gil y Ramón Raposo, quienes subrayon que debido a estas exoneraciones el Estado deja de percibir millones de pesos.

El debate sobre las exoneraciones vehiculares no es nuevo, pero vuelve a cobrar fuerza en un contexto donde distintos sectores reclaman mayor rendición de cuentas y reducción de privilegios en la administración pública.

En la sede legislativa existen otros proyectos que buscan regular este beneficio, pero los mismos no han encontrado el respaldo necesario para convertirse en Ley.

La discusión del proyecto podría marcar un precedente importante en la revisión de los beneficios otorgados a los legisladores y en el impulso de reformas orientadas a una gestión más eficiente y equitativa de los recursos del Estado.